Trump revoca parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
- paola vanessa romero rondon
- 23 mar
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 29 mar
La administración de Donald Trump ha anunciado la revocación del parole humanitario otorgado durante el gobierno de Joe Biden a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta decisión afecta directamente a más de 531,000 personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo un programa humanitario iniciado en enero de 2023.
El aviso oficial será publicado en el Registro Federal e indica que quienes hayan sido admitidos bajo este programa y no tengan otro estatus migratorio vigente deberán abandonar Estados Unidos antes del 24 de abril del 2025, fecha hasta la cual estará vigente este programa humanitario, o podrían enfrentarse a expulsiones aceleradas.
El programa, conocido como CHNV (por las iniciales de las nacionalidades involucradas), fue implementado por la administración Biden para frenar la migración irregular desde esos países, todos inmersos en graves crisis humanitarias. Inspirado en una iniciativa previa para ucranianos, el CHNV requería que los solicitantes:
Contaran con un patrocinador financiero en EE.UU.
Pasaran verificaciones de salud y antecedentes penales.
Ingresaran al país vía aérea.
Los beneficiarios podían vivir y trabajar legalmente durante dos años. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ingresaron al país:
213,000 haitianos
120,700 venezolanos
110,900 cubanos
93,000 nicaragüenses
Los cubanos fueron los más beneficiados por la posibilidad de ajustar su estatus a residente legal al cumplir un año y un día en EE.UU., bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Trump y funcionarios republicanos han cuestionado la legalidad del programa desde su inicio, alegando que fue una extralimitación de poderes ejecutivos. Aunque una demanda liderada por más de una docena de estados republicanos fue desestimada por un juez federal, la administración actual sostiene que Biden no tenía autoridad para ofrecer esta vía migratoria.
Como parte del proceso de desmantelamiento del programa, la administración Trump ha cerrado la plataforma en línea que los migrantes utilizaban para gestionar su autorización de viaje.
La medida indica que las personas que no cuenten con otro tipo de estatus legal deben salir del país. Quienes permanezcan sin autorización legal pueden ser detenidos y deportados sin derecho a audiencia judicial, mediante el proceso de deportación acelerada.
Entre las opciones legales disponibles:
Solicitar asilo político si se enfrentan a persecución en su país.
Aplicar al Estatus de Protección Temporal (TPS) si su país está designado para ello (Haití y Venezuela lo están; Nicaragua no).
Buscar el ajuste de estatus por medio de peticiones familiares si tienen familiares ciudadanos o residentes legales en EE.UU.
La decisión ha generado un fuerte rechazo de abogados de inmigración y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los más afectados por esta revocación serán los nicaragüenses, ya que su país no ha recibido una nueva designación de TPS desde principios del siglo XXI. Sin esta protección, muchos no tienen otra vía legal para permanecer en EE.UU.
Organizaciones como la Fundación Erzule Paul, con sede en Miami, se mostraron devastadas. Su fundadora, Rivly Breus, dijo entre lágrimas que no sabía cómo comunicar la noticia a los casi tres decenas de migrantes haitianos a los que patrocinó: “Esto puede destrozar a alguien. No quiero ser portadora de malas noticias”.
La decisión casi con seguridad será impugnada en tribunales, como lo ha sido anteriormente. Sin embargo, mientras no haya una orden judicial que suspenda la medida, el Departamento de Seguridad Nacional tiene autoridad para detener y deportar a los afectados.
La gobernadora Kristi Noem, secretaria interina de Seguridad Nacional, declaró que Biden “abusó de sus poderes” al crear el programa y que la medida busca restablecer el control sobre el sistema migratorio.
Mientras tanto, legisladores como María Elvira Salazar han pedido al DHS que se otorgue una vía para regularizar a los migrantes con casos pendientes, especialmente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
¿Qué deben hacer los inmigrantes afectados?
Consultar a un abogado de inmigración inmediatamente.
No salir del país sin asesoría legal.
Explorar vías legales como el asilo o TPS.
Evaluar si un familiar puede presentar una petición migratoria.
Evitar caer en desinformación o estafas.
La revocación del parole humanitario representa una amenaza real e inmediata para más de medio millón de migrantes. Es esencial mantenerse informado, actuar con rapidez y buscar asesoría legal confiable. La comunidad migrante, especialmente las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, enfrenta un momento crítico en su permanencia en Estados Unidos.
Comparte esta información con quienes puedan verse afectados y consulta fuentes oficiales y organizaciones legales especializadas para más orientación.
Fuente: El Nuevo Herald
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